El concepto de ‘smart city’ o ‘ciudad inteligente’ surgió en Europa a inicios del presente siglo, para responder a la sobrepoblación urbana y a la consecuente contaminación ambiental con servicios tecnológicos, para un uso más eficiente y sostenible de la infraestructura urbana.

La población mundial sigue creciendo, de manera que el impacto de la sobrepoblación urbana sigue agravándose y, por tanto, la necesidad de desarrollar ciudades inteligentes es cada vez mayor. Casos como Barcelona (estacionamientos públicos inteligentes, puestos de recarga de vehículos eléctricos) o Medellín (teleféricos públicos, aplicaciones de seguridad ciudadana) muestran que las soluciones inteligentes exitosas son diseñadas según cada realidad.

Muchas personas en Lima pasan tres horas diarias en vehículos de transporte público, mientras que en provincias remotas del país otros tantos peruanos dedican un día al mes para desplazarse a la provincia más cercana que cuente con una oficina del Banco de la Nación para cobrar su sueldo, de manera que no es extraño que el Perú se ubique en los últimos lugares en Sudamérica, considerando los índices globales de ciudades inteligentes.

Soluciones para situaciones como estas existen. En Lima, la flamante Autoridad de Transporte Urbano (ATU) podría concebir un sistema integrado de transporte urbano que use la tecnología para producir ingente información (‘big data’) útil para los usuarios (rutas, paraderos, horarios, tiempos de viaje) o para planificar mejor el crecimiento del propio sistema, mientras que en el resto del país un ecosistema de dinero electrónico permitiría a muchos cobrar su sueldo y pagar por servicios en su localidad desde sus dispositivos móviles.

El impacto de soluciones como estas en calidad de vida, calidad de uso del tiempo y productividad es evidente. Por tanto, si Perú aspira a ser un país competitivo a escala global, esto no será posible sin el desarrollo masivo de ciudades inteligentes, de manera que esto no representa un tema de agenda municipal sino nacional.

Buena parte de las tecnologías aplicables en ciudades inteligentes ya existen (algunas nuevas vendrán la próxima década con los servicios 5G y de Internet de las cosas), de modo que quizás lo disruptivo no provenga del ámbito tecnológico sino de la gestión pública. Algunas señales de articulación entre el gobierno central y diversos gobiernos locales son visibles desde este año, pero un acuerdo 360° entre PCM, AMPE, universidades intensivas en investigación tecnológica aplicada y el sector privado, eso sí que sería disruptivo.

Artículo original publicado por Día 1 p.34