El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó la norma que prohíbe la venta o el alquiler de decodificadores en el servicio de TV de paga. La medida se sustenta en que, para el organismo regulador, los decodificadores son imprescindibles para usar el servicio y forman parte de la red del operador.

Tras la publicación de la medida, Movistar, Claro y Direc TV tendrán 60 días para adecuarse. La nueva disposición también obliga a las mencionadas empresas a realizar adecuaciones tanto a los contratos que los usuarios tengan vigentes en cualquier modalidad (post o prepago) como a las tarifas, planes o promociones que necesiten ajustes. Para esto último, las compañías cuentan con 30 días calendario a partir de hoy.

Frente a esto, la preocupación de los usuarios recae, principalmente, en el posible aumento de los precios de este servicio. De acuerdo con Carlos Huamán, gerente general de DN Consultores, las tarifas no subirán debido a que el mercado actual cuenta con suficiente competencia. De hecho, esta se extiende al ámbito digital, pues desde hace ya algunos años la TV de paga es sustituida por servicios alternativos.

“El número de clientes [de TV de paga] sigue subiendo, aunque a un ritmo menor. Sin embargo, así como en móviles hay usuarios que hacen llamadas vía WhatsApp en lugar de usar la línea telefónica, el negocio de la TV de paga es sustituido por Netflix”, explica el especialista. Ante esto, agrega, el foco de las operadoras ya no está en los precios, sino en la mejora de la calidad de servicios.

No obstante, fuentes del sector indicaron a este Diario que una posible subida de tarifas no está descartada, pero que dependerá del ‘juego de póker’ del mercado y las alternativas que planteen los distintos competidores.

—Detalles—
Aunque todos los comentarios o sugerencias remitidos al Osiptel por los operadores fueron desestimados en la norma aprobada, el organismo regulador respondió a cada uno. Por ejemplo, una de las principales preocupaciones recaía en que la vigencia de la norma minaría la viabilidad de la modalidad prepago, la cual había sido impulsada en mayor medida por Direc TV.

Según el Osiptel, esta modalidad permanecerá vigente porque se habilita una cuota inicial por instalación del servicio que incluye el cobro por el decodificador. Es decir, el equipo no será vendido o alquilado, sino que aparecerá dentro de la tarifa de instalación. El problema con esto –indicó previamente Direc TV– radica en que los mencionados equipos son comercializados en puntos de ventas de terceros, como supermercados, tiendas de artículos electrónicos o home centers. Con la prohibición del Osiptel, los decodificadores ya no podrán ser cobrados en caja como cualquier otro producto, pues los comercios deberán ofrecer los contratos que permitan cobrar la tarifa de instalación, que incluye el equipo.

Por otro lado, para adecuar los contratos de alquiler de equipos existentes previos a la vigencia de la norma, el Osiptel establece que el operador debe dar por terminado el cobro por este concepto, a más tardar el día que culmine el período de adecuación.

En el caso de contratos de compra-venta de equipos, las condiciones de pago y propiedad se sujetan a lo pactado entre las partes. Así, el operador podrá ofrecer condiciones más favorables para los usuarios comprendidos en estos casos.

Sin embargo, independientemente del contrato, el usuario podrá terminarlo o solicitar la migración a cualquier otro plan o promoción de su operadora, que está prohibida de imponer penalidades o cobros similares por la terminación de dicho contrato o la migración. Asimismo, deberá ser notificado por su operador de los cambios y no es necesario que realice ninguna acción adicional.

Además, el usuario queda libre de contratar el servicio de TV de paga con otro operador y no podrá exigir devoluciones de los montos cobrados con anterioridad a la vigencia de la norma.

—Los operadores—
Ante la medida del Osiptel, Telefónica indicó, mediante un comunicado, que evalúa los alcances de esta regulación para adecuar su oferta comercial de TV de paga en el tiempo previsto –60 días para nuevas contrataciones y 90 días para los contratos vigentes–. No obstante, la compañía lamentó el recorte a las opciones que tenía el cliente para acceder a un financiamiento sin intereses en el pago por la instalación del servicio por períodos superiores a 6 meses.

“En ese contexto, se buscará la manera de procurar más opciones para que el impacto de esta medida en los clientes sea el menor posible”, aseguró también en el documento.

Este Diario se comunicó con Claro, Direct TV y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) –que representó a los operadores ante el Osiptel–, pero indicaron que por el momento no se pronunciarán sobre la medida.

Artículo original publicado por El Comercio p. 20-21