¿Cuál será el destino de la Red Dorsal luego de la salida de Azteca?
Día 1

05/Ene/2020|Prensa, Web|

Adenda propuesta por el operador mexicano al MTC incluye una entrega gradual a desarrollarse en 11 meses (329 días). Esto se empezaría a contar cuando se firme la adenda

Casi dos años después de que trascendiera el interés de Azteca de retirarse del país, este deseo se tradujo en una propuesta concreta de hacerlo. El 2019 está terminando con una adenda en la que proponen devolver la Red Dorsal al Estado. Pero eso no significa que acabaron los problemas de sub-utilización de la misma.

¿Qué pasará ahora con la Red Dorsal? Primero se tiene que firmar la adenda, lo cual aun no está confirmado cuando será, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) requiere realizar una rigurosa revisión y evaluación legal de la propuesta antes de firmarla.

Cuando el MTC y Azteca finalmente firmen la adenda empezaría un proceso gradual de entrega, que según lo propuesto, tomará 329 días, es decir terminaría luego de 11 meses, en diciembre del 2020.

De acuerdo al reglamento del Pronatel, esta entidad podría hacerse cargo de la red devuelta hasta por tres años mientras se resuelve o consigue un nuevo operador privado que se encargue del mantenimiento y operación de la misma.

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones, aclaró que se va a convocar a un comité consultivo de entidades públicas, privadas y de la academia para evaluar el nuevo modelo a aplicarse en la Red Dorsal devuelta, la cual aseguró que será nuevamente entregada a un operador privado.

Mientras eso ocurre, es decir en el periodo de transición entre Azteca y el nuevo operador que llegue, será conveniente asegurar que se facilite el uso a nivel mayorista de la red por parte de los distintos operadores, advirtió Alejandro Jimenez, ex gerente de Osiptel.

REFORMAS LEGALES EN CAMINO

En paralelo a la revisión y firma de esta adenda, el MTC continúa con su plan de acción previo a la misma. Con relación a la propuesta de modificación de reglamento de la Ley de Banda Ancha que se ha venido trabajando a lo largo del 2019, Nakagawa sostuvo que se encuentra en las últimas fases de evaluación, y se espera que en las próximas semanas el Decreto Supremo esté aprobado.

Cuando dicho decreto se publique, dijo, se lanzará a concurso la explotación, operación y mantenimiento del primer grupo de las redes de transporte regional que ya fueron entregadas al Estado: Ayacucho, Huancavelica, Apurimac y Lambayeque.

Esto implicará un cambio ante el diseño original, pues fueron concebidas solo para dar transporte de datos de otros operadores y no para brindar servicios al usuario final, como proponía el borrador de la nueva norma.

Los citados cambios fueron debatidos en varias oportunidades, incluida una audiencia pública. En su momento Carlos Huamán, director de DN Consultores alertó que estas modificaciones generarían ventajas competitivas a operadores como Azteca o Gilat, que construyeron la red con fondos públicos del Fitel (hoy Pronatel), frente a otros como Bitel o Internexa, que solo han contado con capital privado.

Iván Chumo, gerente general de Optical Networks, aceptó que las propuestas del MTC pueden ser una alternativa interesante para quienes manejan las redes regionales, pero no es suficiente, porque primero hay que solucionar los problemas de tarifas que arrastra Azteca (o quien lo reemplace en el futuro).

Eduardo Zagazeta, gerente general de Gtd Perú (operador privado que ofrece el servicio de transporte de datos), añadió en su momento que brindar flexibilidad tarifaria no será suficiente para convertir a los operadores regionales y a la Red Dorsal en competitivos, pues sus contratos siguen siendo restrictivos y están atados a la burocracia estatal.

A su entender, el Estado no es buen operador ni administrador de recursos de telecomunicaciones. La inversión en montar o instalar las redes regionales con capital público ha sido excesiva y poco eficiente hasta ahora, opinó.

REDISEÑO ESTRUCTURAL

El deseo de retirarse del mercado por parte de Azteca surge ante la dificultad que se ha tenido para lograr la rentabilidad de la operación. En su sustento de la adenda aseguran que solo se tiene el 7% de los ingresos previstos, no hay esperanza inmediata de elevar la demanda y además el Estado está gastando hasta ahora US$114 millones más de lo que se había previsto.

Azteca se puede ir, pero los US$320 millones invertidos en montar la fibra óptica quedan en el país y la infraestructura sigue siendo sub-utilizada a menos que haya un cambio profundo en el modelo de negocio aplicado, coinciden los expertos.

En las condiciones actuales tarifarias no hay factibilidad económica y tampoco hay presupuesto de consumo de la red por parte del sector público definido como usuario (colegios, postas de salud, comisarías), advirtió el ex viceministro de comunicaciones, Edwin Santos.

Manuel Cipriano, ex director del Osiptel, consideró que se debe redefinir de manera integral el contrato con el nuevo operador para atender a las nuevas circunstancias que ofrece el mercado, con flexibilidad en las tarifas pero en igualdad de condiciones frente a los demás operadores privados, para no afectar el libre mercado.

El nuevo operador, añadió, debe entrar con un contrato distinto que atienda a un nuevo modelo de trabajo. Y no se puede volver a diseñar un concurso con un solo postulante como ocurrió cuando Azteca ganó la Red Dorsal, advirtió Carlos Huamán, director de DN Consultores. Si no hay más interesados en una propuesta es señal clara de que no tiene mucho futuro y puede fracasar como ha sucedido ahora, concluyó.

 

Artículo original publicado por El Comercio (05/ene/2020)