Dilemas tributarios remecen al sector telecomunicaciones
Día 1

14/May/2018|Impreso, Web|

El largo y espinoso enfrentamiento judicial entre Telefónica y la procuraduría de Sunat dejó hace unas semanas de ser un dolor de cabeza exclusivo del implicado. La Corte Suprema emitió un fallo judicial que establece que Telefónica debió haber retenido el impuesto a la renta (IR) de su proveedor de capacidad satelital. Según diferentes gremios empresariales, esta resolución implica un cambio de reglas que afectará a otras empresas del sector telecomunicaciones, así como a firmas de otros rubros que también dependen del servicio satelital, incluyendo mineras o pesqueras. Para Ramón Gálvez, socio de Gálvez Risso y Zegarra Asociados, estamos ante una sentencia que constituye un “efecto dominó”.

LA RAÍZ DEL DILEMA

La discrepancia entre la procuraduría de la Sunat y Telefónica es de larga data. Según María Perales, directora fiscal corporativa de Telefónica, los problemas empezaron en el 2003, cuando la Sunat inició un proceso de fiscalización que se remontaba a 1999. Así, se abrieron cinco expedientes, uno por año, en los que la Sunat argumentaba que Telefónica debió haber retenido el IR del proveedor, al que contrataba la capacidad satelital. Sin embargo, en el 2010, el Tribunal Fiscal le dio la razón a Telefónica en todos los casos. En ese punto, la procuraduría de la Sunat judicializó el asunto, litigando no solo contra Telefónica, sino también contra el MEF, al cual está adscrito el Tribunal Fiscal.

Las cinco causas han terminado en la Corte Suprema, y el fallo de la polémica es el primero que emite, referido al ejercicio fiscal 2002. Con cuatro votos a favor y uno en contra, se le dio la razón a la Sunat. El procurador público de esta entidad, José Escalante, explica que, luego de que se ordene la ejecución de la sentencia, Telefónica deberá pagar la retención que no hizo en su momento, más intereses.

Walther Belaúnde Plenge, socio principal de Aserta Asesores, sugiere que Telefónica podría presentar una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque Escalante confía en que este recurso no procedería.

El temor entre los operadores, según el gerente general de Afin, Juan Pacheco, no es solo que los otros cuatro casos de Telefónica se resuelvan este año de la misma manera, lo que podría significar un desembolso de más de S/200 millones, sino que el precedente se aplique al resto de empresas que usa capacidad satelital.

De hecho, en la vía judicial hay otro caso similar, interpuesto contra Americatel, y fuentes de la industria señalaron a Día1 que hubo procesos fiscalizadores de la Sunat a otras empresas del sector telecomunicaciones.

Gerardo Novoa, tributarista del grupo Verona, explica que una sentencia de la Corte Suprema es de obligatorio cumplimiento solo para las partes, pero advierte que el efecto podría ampliarse en la medida en que la Sunat adopte como propio el criterio establecido en la sede judicial. En ese sentido, Belaúnde recuerda que las empresas locales no estaban ejecutando estas retenciones, porque en el 2009 la Sunat emitió un informe (N° 135) que así lo disponía.

Así, los abogados tributaristas consultados para esta nota -los cuales no tienen clientes del sector telecomunicaciones afectados afirman que se requiere una pronta definición de Sunat al respecto, para no caer en una situación de incertidumbre sobre las retenciones a realizar desde ahora, así como a la posibilidad de que la Sunat acote ejercicios anteriores.

En cambio, para el procurador Escalante, la situación está clara: las sentencias se cumplen según lo ordenado por el Poder Judicial.

ALTO IMPACTO

Telefónica a lo largo de su historia ha pagado S/9.283 millones por Impuesto a la Renta y S/17.575 millones si le sumamos el IGV, lo que, aseguran, los convierte en uno de los cinco contribuyentes más grandes del país. No obstante, la empresa tiene más de 23 juicios en proceso por pago de impuestos, incluyendo los cinco por el tema de los satélites, y se calcula que, si los pierde, el Estado recibiría al menos S/4.000 millones. Solo este año, confirmó Escalante, podrían salir las sentencias por dos causas que superan los S/2.000 millones.

El impacto que puede tener el cobro de estas deudas sobre Telefónica es cuantioso, no solo porque pueden implicar desembolsar dinero a los siete días de emitida la cobranza coactiva, sino porque implicará un importante esfuerzo financiero para resistir el golpe. Telefónica viene de cerrar el 2017 con pérdidas por S/237 millones y si bien en el primer trimestre se ha recuperado comercialmente, su última línea aún se mantiene en rojo.

¿Puede una empresa que tiene ingresos anuales que bordean los S/8.431 millones anuales resistir una cobranza de más de S/2.000 millones? Gina Sánchez, consultora de Frost & Sullivan, acepta que la situación es delicada, pero el grupo español ya había registrado una provisión en sus estados financieros de unos 425 millones de euros (S/1.659 millones) para el pago de posibles sentencias en el Perú, de modo que tienen la capacidad financiera para resistir.

También juega a su favor, según Sánchez, que el grupo Telefónica en la región está mejor preparado que sus rivales para la transformación digital, pues está reestructurándose para hacerle frente. Coincide el consultor José Carlos Lumbreras, quien recalca que la competencia ya no está en la voz, sino en los servicios basados en big data, donde la empresa tiene un amplio potencial.

No obstante, Herberth Diestro, gerente de Planificación Estratégica y Proyectos de Telefónica, acepta que un resultado totalmente adverso en los tribunales sí implicaría una reconversión de su planes y presupuestos.

Por ahora, explicó, siguen en pie los S/10 mil millones que se previeron invertir entre el 2016 y el 2020, incluidos S/60 millones en comunicación satelital. Sin embargo, Diestro detalla que en muchos casos las operaciones basadas en satélites funcionan a pérdida, un costo que la empresa asume como parte de sus compromisos sociales. Así, el sector rural representa el 1% de la base de clientes y genera S/5,6 millones en ingresos, pero no cubre ni el 10% del costo en que se incurre al brindar el servicio.

TODOS SE TAMBALEAN

Si para Telefónica, que es una empresa grande, el golpe es serio, para los operadores de menor envergadura el  impacto puede ser más importante aun, sobre todo si sus modelos de operación dependen en gran medida de la conexión satelital. Este es el caso de las empresas que atienden proyectos subvencionados en las zonas más pobres.

“El impacto es en realidad incalculable”, alega Carlos Huamán, director de DN Consultores. La preocupación se centra en el poblador de las zonas, donde solo se recibe Internet vía satélite, pues el sobrecosto de hacerse cargo de la retención del Impuesto a la Renta complicará atender a ese segmento.

Artículo original publicado por Día 1 p. 12-13 y la versión web