Entidad que reemplaza al Fitel podría encargarse del mantenimiento de la Red Dorsal si se retira Azteca

Pronatel, la entidad que reemplazará al Fitel, tendrá dentro de sus funciones encargarse del mantenimiento y operación de los proyectos de conectividad que son financiados por fondos estatales de manera temporal si no hay un privado que se haga cargo.

Así lo dispone el Decreto Supremo N° 018 publicado el lunes por el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) en su artículo 7, en donde se da la definición de funciones.

«Gestionar y operar de manera temporal los proyectos de telecomunicaciones financiados por el Estado», señala la norma.

Miguel Morachino, director de Hiperderecho, explica que en efecto, bajo el nuevo esquema, se plantea que Pronatel pueda actuar prestando servicios directamente, además de la actividad de financiamiento que antes hacía Fitel.

A su entender, la norma parece tener claro el rol subsidiario de la actividad económica del Estado, tal como manda la Constitución, pues indican que debe tratarse de algo temporal. Sin embargo no se indica el plazo máximo ni mínimo de meses o años que pueda durar dicha gestión.

Yo creo que esto es respuesta a algunos de los problemas que han tenido algunos de los proyectos financiados por Fitel, en los que el operador que resulta ganador incumple sus obligaciones o abandona el proyecto. Me parece que lo que quieren es sentar la estructura para que sea Pronatel quien pueda asumirlo», señaló.

RED DORSAL

La única obra de telecomunicaciones que hoy tiene el Estado bajo la modalidad de APP (Asociación público-privada)  es la Red Dorsal, que es mantenida por Azteca y esta siendo subutilizada (solo se usa el 17% de lo proyectado para esta época). Las 21 redes regionales tienen un modelo distinto: son obras públicas encargadas a un privado.

La Red Dorsal es operada por Azteca, quien tiene problemas para encontrar clientes porque compite con los privados para ofrecer el servicio de transporte de datos.

Para Azteca, la obra no es rentable porque los privados no subvencionados ofrecen un menor precio a los clientes. Por esta razón estarían estudiando dejar la obra. Si eso ocurriera, la Red regresará al Estado, quien deberá encontrar un nuevo operador para que se haga cargo.

Con la reciente norma, si Azteca se va, el Estado podría quedarse temporalmente a cargo del mantenimiento de la misma, asumiendo todos los activos y pasivos.

El Estado podrá, de manera temporal, tomar el manejo y operación de proyectos de telecomunicaciones. Antes, solo los privados podrían realizar dichas funciones.

Erick Iriarte, de Iriarte&Asociados, entiende que la disposición está pensada atendiendo al contingente de que no existiera un postor para hacerse cargo de la Red Dorsal cuando esta sea devuelta al Estado. Dependerá de cómo se aplique si se atenta o no contra lo dispuesto por la Constitución, aclara.

Lo más preocupante sería, afirma, que esta titularidad de los proyectos pueda ser usada con fines políticos. ¿Qué pasa si una red es encargada o construida por un Gobierno regional?, se pregunta y responde: «Si de pronto el Gobierno da acceso a Internet en zonas donde no las había puede usarse para un tema de clientelaje político, designo quiénes si o quiénes no por prioridad política (primero los aliados)».

Carlos Huamán, director de DN Consultores, estima que sería importante que se recalcara bien la excepcionalidad de la medida. La Constitución establece que el Estado no puede ser un operador donde ya esta cubierta la oferta por los privados y más de la mitad de la Red Dorsal circula por varios puntos en donde ya existe competencia. Además existen varios operadores interesados en comprar toda o parte de la Red Dorsal si esta se revierte.

«Estado no desarrolla actividad empresarial, por eso es importante ponerlo como una situación de excepción», recalca.

Al respecto, Christoph Steck, director global de políticas públicas de Telefónica, recuerda que nunca le ha ido bien al Estado como operador de redes porque es muy costoso y trabajoso mantenerlas. Es por eso que recomienda al Gobierno que no se utilice esa alternativa ni siquiera para proyectos rurales en zonas de difícil acceso.

La gestión privada es lo óptimo. Es lo usual en todos lados. Es además lo que recomienda la OCDE a quienes deseen integrarla, resalta.

Artículo original publicado por El Comercio