Telefónica: ¿Cuál es el impacto de no poder contratar con el Estado?
El Comercio

04/Jun/2019|Web|

El tribunal de la OCSE ha sancionado a Telefónica y por eso no podrá participar en ningún concurso estatal durante los próximos seis meses. Esto tendrá efectos en sus estados financieros, pero también en la relación a mediano plazo con el Estado.

Telefónica en la última década ha sido el principal proveedor del Estado de los servicios de telecomunicaciones (también está entre los más grandes entre todos los sectores) y planeaba mantenerse así, aun cuando tenía en Bitel un nuevo e intenso competidor en precios.

Según la firma española, en los últimos dos años había ganado más del 60% de los concursos, desde ministerios hasta municipalidades, pasando por Sunat y Essalud. En el 2017 ganó el 63% de los procesos (174 de 275 concursos) en los que participó y en 2018 el 69% (218 de 317 procesos). Para el 2019 tenían ya en el primer trimestre el 58% ganado (38 de 66).

Donde no era un fuerte proveedor era en los grandes proyectos de infraestructura que se licitaron en Proinversión en los últimos cinco años. La Red Dorsal (US$330 millones) estuvo a cargo de la mexicana Azteca y las 21 redes regionales (unos US$1.800 millones) están en manos de varias empresas, siendo la más grande Gilat con unos US$549 millones. Telefónica solo tiene una red en Lambayeque (US$ 59 millones).

Se esperaba que la Red Dorsal y las regionales ya estuviesen atendiendo a diversidad de entidades estatales, colegios y postas. Pero dados los retrasos, el Minedu, por ejemplo, todavía acude a la OSCE para contratar servicios de Internet y ahí concursan los operadores móviles, como Bitel y Telefónica. Pero Telefónica no podrá hacerlo por seis meses.

Se estima que al menos por unos tres años más las diferentes entidades estatales seguirán licitando estos servicios por su cuenta hasta que las regionales estén listas. Por tanto, poder concursar sigue siendo importante.

CONSECUENCIAS VARIADAS

La relación de Telefónica con el Estado es muy amplia y va más allá de las ventas por servicios y equipos que se hace a través de la OSCE, opinó Carlos Huamán, director de DN Consultores.

El operador aporta impuestos, pero además tiene un compromiso de contribución y compromiso social para reducir la brecha digital, explicó. Desde los teléfonos públicos en zonas rurales hasta las conexiones en Loreto, pasando a la más reciente creación de IpT, un proyecto que busca elevar la conectividad rural.

Si bien la sanción es para nuevas ventas de servicios al Estado y no afecta todo lo ya contratado y comprometido – se sigue atendiendo a los clientes públicos con normalidad – cae un velo negro que afecta la imagen del grupo, pone una pausa en algunas iniciativas y puede generar recelo en los socios para la gestión de nuevas acciones sociales.

Huamán precisó que las consecuencias se pueden extender más allá de los seis meses. Si bien no pueden concursar hasta diciembre, los contratos que se realizan son por lo general para brindar servicios por tres años (en algún caso solo 12 meses). Eso quiere decir que quien no gana o no concursa pierde a un cliente por un periodo más largo que el medio año de sanción.

En los estados financieros se sentirá la pérdida en ingresos a fin de año. Podrían ser unos S/ 140 millones si consideramos la mitad de lo generado el 2018 (S/ 287 millones) o hasta un poco más si vemos que ya en el primer trimestre se habían cerrado negocios por S/ 192 millones.

Eso significará que dejará de recibir al menos el 2% de lo facturado anualmente. Monto elevado si consideramos que más o menos eso es lo que perdió en su balance del 2018 y que se había propuesto reflotar con mejor desempeño de Movistar en el segmento móvil.

Alejandro Jimenez, ex gerente del Osiptel, consideró que el daño incluso es mayor porque puede llegar hasta los S/600 millones. Hay que considerar, dijo, que no podrá renovar contratos en ningún nivel del Estado, tampoco hacer adendas de extensión por proveedor único ni participar en nuevas licitaciones.

Telefónica viene arrastrando dos años de decrecimiento y esto la ha llevado incluso a reformular sus gastos, optando por vender inmuebles y torres (la semana pasada acordó la venta de más de 600) para optar por el arrendamiento. En ese contexto, perder algunos ingresos es inconveniente y perjudicial para todas las empresas del grupo y no solo la división de ventas corporativas.

Artículo original publicado por El Comercio