¿Necesitamos una empresa telecom estatal?
Proyecto de ley telecom: no por mucho madrugar, amaneceremos más temprano

17/Jun/2019|Opinión|

 

 

 

La ley de telecomunicaciones vigente en Perú es la más añeja en Sudamérica (1993). Un mundo actual radicalmente distinto a 25 años atrás deja pocas dudas sobre la necesidad de contar con una nueva ley en el sector, que además incluya al universo de servicios digitales.

En ese sentido, el proyecto de ley presentado por el congresista Wuilian Monterola (Fuerza Popular) es en principio una buena noticia, más aún si introduce conceptos como ciudades inteligentes o considera aspectos novedosos como medio ambiente, desastres naturales o zonas de frontera.

Sin embargo, esto queda opacado por la inconsistencia en el énfasis simultáneo de la promoción de la inversión privada y la posible creación de empresas estatales, o por el desafío de contar con una institucionalidad digital 360° que permita el cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto de ley.

 

 

¿Necesitamos una ley nueva?

Con excepción de Brasil y Paraguay (además de Perú), las leyes del sector en el resto de Sudamérica han sido emitidas durante el presente siglo, con algunos casos interesantes (Colombia, Bolivia, Argentina) de un enfoque convergente entre telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

En ese contexto, la incorporación en el proyecto de ley de conceptos como ciudades inteligentes (servicios de economía o gobierno digital), cuidado de medio ambiente (en el despliegue de infraestructura), gestión de desastres (infraestructura redundante, central nacional de emergencias) o prestación de servicios en zonas de frontera (despliegue de infraestructura) revisten al proyecto de ley de un alentador sentido de modernidad.

¿Necesitamos una empresa estatal?

Esta sensación inicial, sin embargo, es opacada por el espacio abierto para la creación de empresas estatales.

Más allá de alguna postura ideológica o de la experiencia negativa de nuestro país en esta materia, difícilmente una empresa estatal tiene sentido en un sector caracterizado por un alto nivel de innovación.

En concreto, aún si asumimos integridad personal y diligencia profesional en la gestión de una hipotética empresa estatal de telecomunicaciones, es perfectamente posible que entre el “estudio de mercado” previo a la convocatoria de una licitación para la compra de equipamiento y la adjudicación final pase el tiempo suficiente para que la tecnología inicialmente contemplada haya quedado desfasada.

En zonas competidas, la posibilidad de una empresa estatal es entonces inconsistente con el énfasis del proyecto de ley en la promoción de la inversión privada como fuente de una sana competencia y altos estándares de calidad e innovación.

En zonas no competidas, a su vez, tal posibilidad denotaría una interpretación equívoca sobre la insostenible situación actual de la Red Dorsal, que según un estudio de la CAF no obedece a su estructura de propiedad sino al insuficiente rigor del MTC en la medición de sus riesgos allá por el año 2012.

Institucionalidad digital 360°

Una política pública digital mejorará la calidad de vida de los ciudadanos sólo si va de la mano con una gestión pública con un enfoque transversal, y esto sólo ocurrirá con una institucionalidad digital 360°.

Una gestión transversal es necesaria, porque desde el punto de vista ciudadano lo más importante no es que la central de emergencias 911 funcione bien, sino que luego el sector Salud cuente con ambulancias suficientes para atender la emergencia en curso.

Lo mismo ocurre con las futuras ciudades inteligentes: los servicios de economía o gobierno digital serán posibles sólo si la ciudad cuenta con suficientes antenas 5G.

Por tanto, la forma final del proyecto de ley deberá contemplar que en no pocos casos el cumplimiento de sus objetivos no depende sólo del sector telecomunicaciones (autoridades, operadores) sino de otros sectores o gobiernos subnacionales vinculados a los servicios digitales.

Es decir, la naturaleza transversal del proyecto de ley expande el abanico de actores vinculados y por tanto –en forma similar al caso de la Red Dorsal- bien haría el Congreso de República en escuchar mejor a todos para llegar un resultado final sostenible. Esto recién empieza.