Colombia es uno de los mercados con mayor desarrollo digital en Sudamérica durante los últimos años.

Cuenta con una penetración móvil de 130% (similar a otros mercados líderes en la región), registra la segunda mayor evolución en intensidad competitiva en este mercado durante la última década (sólo luego de Perú), exhibe un alto nivel de desarrollo en indicadores de gobierno digital y es, según el Foro Económico Mundial, la tercera economía más competitiva en la región (sólo luego de Chile y Uruguay).

Desde el año 2018 forma parte además de la OCDE, junto con México (1994) y Chile (2010), y donde por tanto Perú es el único país miembro de la Alianza del Pacífico aún no integrado a esta organización.

A la luz del debate actual a escala global (UIT) y en Perú (OSIPTEL) sobre la necesidad de una transformación regulatoria a la altura de los nuevos tiempos, vale la pena entonces revisar la experiencia de simplificación normativa en curso a cargo de la CRC (regulador del sector telecomunicaciones en Colombia) como una referencia válida para la implementación efectiva de un proceso similar en el país.

Enfoque OCDE

Mediante foros y documentos de trabajo, la OCDE promueve la discusión permanente sobre los desafíos económicos y sociales que enfrentan sus 37 países miembros actuales en diversos sectores, entre ellos la gestión pública, desde donde el enfoque de la simplificación administrativa como fuente de eficiencia social ha estado presente en la agenda de la institución en forma consistente durante el presente siglo.

Según la OCDE, la simplificación administrativa consiste en la gestión del equilibrio entre la necesidad del Estado de contar con información que sustente el diseño e implementación de políticas públicas (beneficio) y el esfuerzo requerido por las empresas reguladas y el propio Estado para proveerla o gestionarla (costo), de modo que un sano equilibrio permite que los ciudadanos, empresas y gobierno dediquen más energías a emprender o innovar y menos a cumplir con obligaciones regulatorias cuya relación beneficio-costo no sea positiva.

Modelo Colombia

A partir de los fundamentos planteados por la OCDE y la revisión de experiencias internacionales comparables, en el año 2014 la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) propuso una metodología para la gestión de la simplificación normativa, que luego de ser sometida a consulta pública y a mesas sectoriales con operadores (móviles, fijos, TV, postales) permitió a la CRC un año después (2015) clasificar los comentarios recibidos en 6 ejes temáticos: usuarios, calidad de servicio, compartición de infraestructura, reporte de información, recursos de identificación y servicios postales.

Posteriormente, la CRC compiló (2016) todas las normas de carácter general existentes en un único “mega-reglamento” (700 páginas) y luego publicó (2018) la metodología necesaria para la implementación progresiva de la simplificación normativa, lo cual concluyó en el mismo año con la definición de la hoja de ruta 2019-2023 (ver infografía), actualmente en ejecución (a la fecha, la eliminación de normas en desuso programada para el año 2019 ha sido concluida).

 

Referencia para Perú

La simplificación normativa no es un tema nuevo para OSIPTEL. Desde hace algunos años esta entidad aplica la metodología de Análisis de Impacto Regulatorio, a inicios de este año anunció la adopción de una visión de regulación inteligente, y más recientemente presentó en el 19° Simposio Global para Reguladores de telecomunicaciones un documento de contribución con su visión sobre la transformación normativa necesaria en respuesta de la transformación digital que hoy vivimos.

Sin perjuicio de ello, la experiencia de Colombia refleja que la complejidad de este proceso exige un alto nivel de dedicación (asignación de recursos) del regulador para lograr resultados efectivos en plazos no extensos mediante una fluida cooperación con los agentes de mercado (operadores, usuarios), y algunas prácticas cuya adopción pueda ser conveniente para OSIPTEL (agenda regulatoria anual, mesas de trabajo, metodología de priorización).