¿Banda ancha nacional?: el futuro de las redes regionales todavía no se define
Semana Económica

13/Jul/2018|Web|

Al terminar el 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habrá adjudicado alrededor de US$1,600 millones en las llamadas redes regionales de banda ancha, que forman parte de un proyecto estatal de masificación de Internet de alta velocidad en todo el país. Para el cuatro trimestre, el MTC y ProInversión alistan una nueva licitación, valorada en US$359 millones, según el cronograma de ProInversión a mayo.

Esta nueva licitación abarcará siete regiones, y se prepara tras haber adjudicado US$1,243 millones en otras 15 regiones entre el 2015 y el 2017. Las ocho primeras adjudicadas, del 2015, aún no se culminan, y han superado largamente el plazo contractual estimado, tras diversas dificultades reportadas por este medio en febrero del 2017 (SE 1556). De hecho, recién a fines de este año un primer grupo de estas redes entraría en operación:

El 1 de julio, Semana Económica publicó que (SE 1626) que si bien las adjudicaciones avanzaban, no había aún claridad sobre cómo operarían para brindar servicios. El MTC señaló posteriormente que las bases del concurso establecen cómo se operarán. Sin embargo, las redes regionales se concesionan con dos componentes: la construcción de redes de transporte, que forman parte de la Red Dorsal de Fibra Óptica, y la operación por diez años de redes de acceso, que brindan acceso a banda ancha en localidades rurales, a cargo de las empresas que ganan los proyectos regionales.

Esta revista volvió a consultar al MTC sobre el destino de la operación de estos proyectos en su totalidad, incluyendo la construcción de las redes de transporte, que retornan al Estado una vez culminadas. ¿Cómo se operará? ¿Serán las mismas empresas concesionarias de las redes de acceso? El MTC sólo contestó “el Estado podrá licitarlas a un operador neutro” en un comunicado.

DECISIONES EN ESPERA

El proyecto de masificación de banda ancha nacional es altamente complejo, y el MTC no ha tomado aún ninguna decisión sobre un aspecto clave para el funcionamiento de todo el sistema, incluyendo las redes regionales: la concesión de la Red Dorsal de Fibra Óptica, hoy a cargo de Azteca Comunicaciones. En abril, Semana Económica reportó que Azteca buscaba dejar la operación, pues ésta genera pérdidas y los volúmenes de servicio están lejos de lo proyectado.

Al respecto, el MTC indicó que “Azteca tiene un contrato vigente con el ministerio, y se está negociando una modificación de dicho contrato respecto de las tarifas”. Esa negociación es, en realidad, una respuesta que el MTC viene dando desde febrero del 2017.

Desde el año pasado, el regulador Osiptel sugiere diversas alternativas para que la dorsal deje de estar en el limbo, pero el MTC no se ha pronunciado sobre ninguna. Legalmente, es el ministerio el que debe tomar la decisión final. Una de las alternativas, por ejemplo, es que la red dorsal retorne al Estado. En ese escenario, ya han habido algunas empresas que han mostrado interés, como GTD Perú, según reportó El Comercio en mayo.

LAS REDES REGIONALES DE HOY

Los primeros problemas de conexión entre las redes regionales y la dorsal se dieron a inicios del 2017 (SE 1556). Sin embargo, el MTC y el Osiptel han logrado avances: cuatro de estas redes (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco) ya tienen un acuerdo con Azteca para conectarse a sus nodos centrales, aunque son de carácter temporal. En el caso de Lambayeque, el operador de la red regional, Telefónica, alcanzó un acuerdo con Azteca y ya hay un cronograma de trabajo. Para las redes de Piura-Tumbes y Cajamarca, ya hay modelos de contrato para brindar servicios a través de la dorsal, informó el MTC.

El esquema de concesión también ha ido cambiado. Para el segundo paquete de concesiones, otorgado en diciembre del 2017 en siete regiones, cambiaron algunos requerimientos y factores de competencia. Por ejemplo, se eliminó el requisito de que los concesionarios sean propietarios del total de predios sobre los que se desplegaría la red, indicó ProInversión en diciembre (SE 1599). En cuanto a los factores de competencia, por ejemplo, las licitaciones del 2015 hicieron énfasis en una puja por ofrecer tablets y cantidad de localidades beneficiadas adicionales a las obligatorias. En el 2017, se incluyó un factor de competencia que premiaba la puja por la velocidad de conexión.

La fibra óptica tiene capacidad para transmitir datos de conexión a Internet, Intranet, señal de telefonía móvil e incluso TV por cable. Hace un mes, el Osiptel fijó las tarifas para las redes regionales para velocidades de 8 Mbps a 40 Mpbs.

La red de Lambayeque fue concesionada en marzo del 2015 y es la más avanzada con un 90% de ejecución. La primera semana de julio, la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, quien fue directora de proyectos en Azteca, supervisó el servicio de Internet de banda ancha en tres entidades públicas beneficiarias de Pacora, distrito de Lambayeque: un colegio, un centro de salud y una comisaría.

Cada proyecto regional de banda ancha compromete al operador de la red de acceso a brindar banda ancha a un número de entidades públicas —colegios, comisarías, hospitales, etc.—, que varía según la región. En el caso de Lambayeque, la banda ancha llegaría a 500 dependencias públicas en 355 localidades rurales.

El Estado continúa subsidiando la red dorsal y las redes regionales, pero los problemas a resolver aún son numerosos. Por un lado está la dorsal: el 70% de los nodos de Azteca se ubican en zonas en las que compite con uno o más operadores privados, mientras que el resto son zonas sin competencia del privado, lo cual genera que la concesión no funcione, explica Carlos Huamán, CEO de DN Consultores.

A ello hay que sumarle la incógnita del “operador neutro” para las redes de transporte de fibra óptica, que deberían retornar al Estado entre fines de año y el 2020. Hasta entonces, el Estado habrá invertido cerca de US$2,000 millones.

Artículo original publicado por Semana Económica